El Gobierno de Rajoy deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, mientras 5.000 religiosos seguirán en la sanidad pública sin haber cotizado.

El pasado sábado 1 de septiembre entró en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que dejará sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.

La medida forma parte de la reforma sanitaria impulsada por el departamento de Ana Mato, que esta semana aseguraba que no se trata de una “cuestión de ajuste económico” sino que busca garantizar “un mayor control y transparencia” de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos públicos.

Pese a ello, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades como Andalucía o País Vasco (que han anunciado que “desobedecerán” la norma y seguirán atendiendo “como antes” a los ‘sin papeles’) y los profesionales sanitarios.

Cerca de 5.000 religiosos seguirán en la sanidad pública sin haber cotizado
– Las congregaciones contaban con un convenio con la Seguridad Social por el que recibían los servicios sanitarios.
– El acuerdo desaparece ahora pero tendrán la asistencia como cualquier otro ciudadano.

María Bonillo, Valencia. En Levante-EMV:


Desde ayer, cerca de 30.000 personas empadronadas en la Comunitat Valenciana tendrán que demostrar que no viven en una situación “irregular” para continuar recibiendo asistencia sanitaria pública sin coste alguno. El nuevo decreto de aseguramiento, ideado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, para “garantizar la sostenibilidad” del sistema sanitario español, deja en manos de las comunidades autónomas cómo aplicar este cargo. En el caso valenciano, se hará al seguro del paciente “sin papeles”, cobrándoselo a él mismo o a su país, si existe convenio.

Sin embargo, y como los “sin papeles”, muchos religiosos nunca han cotizado, pero sí han hecho uso de la sanidad pública mediante un convenio entre la Iglesia y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Con la nueva norma ministerial, el acuerdo desaparece, pero cerca de 5.000 monjes y monjas de las tres provincias mantendrán su derecho a la cobertura sanitaria gratuita ya que pasan a formar parte de ese grupo de población con renta inferior a 100.000 euros al año, explicaron a Levante-EMV fuentes de la Conselleria de Sanitat.

Hasta ahora, el proceso requería que los religiosos pidieran un “certificado” que acreditara su condición, ya que no cotizaban, para poder acceder a la tarjeta SIP, igual a la del resto de ciudadanos. Desde ayer, no hacen falta más certificados, “pasan a ser españoles corrientes”, dentro de ese grupo de renta. Los religiosos extranjeros mantendrán la cobertura en calidad de residentes legales, a diferencia del resto de inmigrantes “sin papeles” que, aunque empadronados, tendrán que demostrar su situación regular para no perder la cobertura. A día de hoy, cerca de 250.000 personas se encuentran en situación administrativa irregular en la C. Valenciana, según datos de l’Observatori Valencià d’Immigració.


Respecto a los religiosos, existen más de 5.000 en todo el territorio valenciano, según datos del Arzobispado de Valencia. La mayoría de ellos se radican en la Diócesis de Valencia.

Implantación progresiva
La Conselleria de Sanidad no pudo aplicar la norma durante la primera jornada de su implantación y al parecer, continuará siendo así unos días más, ya que todavía “se están volcando los datos” desde el INSS a las bases de datos de la delegación, aseguraron las mismas fuentes de la conselleria. Asimismo, añadieron que todo el proceso de adaptación a la nueva norma se hará de forma paulatina. El conseller Rosado explicó el pasado jueves que si los pacientes no tienen recursos para hacer frente a la factura podrán recurrir a las ayudas de la Conselleria de Bienestar Social, de los ayuntamientos y de las ONG.

Pagar antitusivos en plena ola de catarros
Mucha gente se acercó a urgencias ayer con catarros y resfriados. Pasar de un verano prácticamente tropical (el más bochornoso en 40 años) a temperaturas más bajas no ha ayudado a cientos de personas que durante la jornada de ayer pagaron por primera vez el precio íntegro por sus antitusivos. Y es que desde el 1 de septiembre más de 400 medicamentos han salido de la financiación pública por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), entre ellos, los mencionados antitusivos, antidiarreicos, corticoides, antiinflamatorios o vasodilatadores.

Éste, principalmente, fue el mayor quebradero de cabeza de los pacientes que hicieron uso de los servicios médicos ayer. Y eso que también entraba en vigor otra de las medidas incluidas en el paquete que la ministra de Sanidad: el decreto de aseguramiento. El vocal de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, Javier Blanquer, explicó a Levante-EMV que durante el primer día de implantación de la nueva normativa, la mayoría de pacientes que se dirigió a los servicios de urgencias fue de otras comunidades autónomas “que se encontraban aquí de vacaciones”. “No se ha planteado ningún incidente en cuanto a asistencia. Hemos insistido en que es un problema de administración, no médico”. Respecto a los pacientes “sin papeles” explicó que “muy al contrario de lo que quieren hacer creer, no son los que más vienen a la consulta”.

Como explicó Blanquer, el inicio del pago íntegro de estos medicamentos ha coincidido con un auge de casos de catarro debido a los cambios de temperatura, pero también con molestias musculares, que requieren antiinflamatorios (también excluidos de la financiación estatal) ya que es en fin de semana cuando más deporte se practica.

Por su parte, la diputada de Esquerra Unida en las Corts Marga Sanz calificó de “apartheid sanitario” la nueva medida.

El derecho a la cobertura sanitaria reúne a decenas de personas en Valencia
Un centenar de personas se reunió ayer por la tarde en la plaza de la Virgen para protestar ante la reforma sanitaria que excluye a los inmigrantes «sin papeles», que sin embargo no acudieron en masa. José María Toribio, portavoz de la Mesa de Entidades Solidarias con los Inmigrantes, insistió en la necesidad de «eliminar cualquier ley que no asista a personas». Además, para Toribio, la reforma va «contra los derechos humanos que tanto trabajo ha costado forjar». Las ONG también denunciaron la falta de interés por parte de la Generalitat con el colectivo de inmigrantes. «Nadie se ha puesto en contacto con ­nosotros para llegar a un acuerdo o pactar unas condiciones mínimas de asistencia», declaró el portavoz. pepe mateu valencia

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