Casi la mitad de la deuda de las empresas públicas de España es valenciana

Valenciana era de más de 7.840 millones de euros. La cifra, según los datos del último informe del Tribunal de Cuentas, representa el 41% de la deuda de todo el sector público de las comunidades autónomas españolas, que superó los 19.000 millones. El órgano fiscalizador del Estado colgó ayer el informe relativo al sector público de los años 2008 y 2009. Lo hizo un día después de presentar el de la contabilidad de los partidos políticos relativa al ejercicio de 2008.
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del sector público valenciano son duras. En 2008, las 48 entidades contabilizadas, cerraron el ejercicio con un resultado negativo de más de 975 millones de euros, con más de 62 millones de euros en aportaciones de la Generalitat y un endeudamiento financiero de más de 6.596 millones de euros. Un año después, con 45 empresas, los datos negativos continuaron con unas pérdidas en el ejercicio de casi 829 millones de euros. El endeudamiento financiero se disparó por encima de los 7.840 millones de euros y las subvenciones que recibieron sumaron casi 54 millones.


El informe del ente fiscalizador detalla además una serie de irregularidades en la gestión diaria de las firmas que integran el sector público de la Comunitat. El Tribunal, sin citarlas, apunta que varias empresas «incumplen las leyes de presupuestos en lo relativo a los requisitos exigidos en el informe de la masa salarial».
El documento, de más de 500 páginas, destaca también que a la hora de dar cobertura a las vacantes en el sector público no se da la autorización preceptiva por parte de la conselleria de Hacienda. Las irregularidades también se dan en la contratación de personal temporal y en el pago de ciertos complementos retributivos. «Estas deficiencias afectan al menos a cinco empresas en 2008 y a tres en 2009, entre ellas a las del grupo de Radiotelevisión Valenciana en ambos ejercicios». Algo que la oposición, en sede parlamentaria, califica de enchufismo.
El Tribunal de Cuentas censura que en el periodo fiscalizado, los años 2008 y 2009, en varias empresas dependientes de la Generalitat «los procedimientos de selección de personal «no permiten garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Además, las aportaciones de la Generalitat en muchos casos se contabilizan como ingresos «cuando en realidad son aportaciones de los socios para la compensación de pérdidas».
En 2008, una quincena de empresas dependientes de la Generalitat presentaron fondos propios negativos. De ellas, Teatres y Mundo Ilusión tenían fondos inferiores al 50% de su capital social. Además, cuatro empresas estaban en supuesto de disolución. En 2009, un total de 11 sociedades tenían fondos propios negativos.
De hecho, sobre Mundo Ilusión ayer compareció en Les Corts el secretario autonómico del Sector Público Empresarial de la Generalitat, Bruno Broseta, que detalló que el proyecto «tiene una serie de condicionantes presupuestarios y urbanísticos que no hacen previsible, ni a corto ni a medio plazo, su posible reactivación». Las palabras de Broseta sonaron a una paralización total de la obra debido a la crisis económica.
El sector público valenciano acumula la mayoría del endeudamiento financiero de toda a España a pesar de que no es el más numeroso. Contaba en 2009 con 45 firmas públicas. Otras autonomías tienen un número mayor de entes de este tipo como es el caso de Cataluña (73), Madrid (67), Andalucía (61) y País Vasco (61).
Según el informe, no sólo la Comunitat es la que más deuda financiera acumula sino que también es la que más dinero perdió a través de sus empresas públicas por detrás de la Región de Murcia, aunque esta autonomía presenta una situación muy peculiar al tener el Servicio Murciano de Salud recogido como una entidad pública.
Cataluña, con 73 empresas públicas, tenía una deuda a finales de 2009 de 5.488 millones de euros. La tercera autonomía con una carga mayor fue Castilla-La Mancha, con 1.474 millones de euros a pesar de tener sólo 20 entidades pública. Uno de las situaciones que destaca el informe es que la empresa Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha la plantilla pasó en 2009 de 1.179 trabajadores a 2.686, cuando en 2008 la plantilla ya se había triplicado.
El informe del Tribunal de Cuentas recoge también el sector de las fundaciones públicas. En el ejercicio de 2009, las entidades vinculadas a la Generalitat cerraron con una deuda financiera de 48 millones de euros.
Avales y deuda global
El documento también recoge una relación de los avales que los gobiernos autonómicos han concedido a las empresas de su sector público para que puedan acometer operaciones de endeudamiento. La Generalitat valenciana es la que más dinero ha destinado después de Cataluña. El Gobierno presidido en esa época por Francisco Camps aprobó avales por valor de más de 1.500 millones de euros en los ejercicios de 2008 y 2009. A 31 de diciembre de este último año la cantidad global ascendió a casi 6.000 millones de euros. El sector público autonómico concentró casi el 90% de los avales concedidos por la Generalitat.
El informe también recoge un global del endeudamiento financiero de las comunidades autónomas como resultado de lo que debe la administración más lo de las empresas públicas. A finales de 2009, los valencianos debían más de 17.000 millones de euros, tan sólo superados por Cataluña con una carga superior a los 25.000 millones. Además, el órgano fiscalizador señala que ninguna comunidad autónoma cumplió con el objetivo de déficit en los ejercicios auditados en este último documento que ha hecho público.
En su informe, Tribunal de Cuentas advierte de que el número de entes públicos autonómicos, como fundaciones, consorcios o empresas públicas, requiere una «mayor exigencia» a la hora de alumbrarlos y de dotarlos de presupuesto.
El déficit conjunto de las comunidades autónomas en 2008 fue del 1,49% del PIB, pese a que el objetivo inicial era un superávit del 0,25%. Unas previsiones que quedaron muy alejadas debido a que la crisis económica ya estaba instalada para quedarse en toda la administración pública.
En 2009, en el que el conjunto de las comunidades arrojó un déficit del 1,92% cuando la meta fijada era el equilibrio presupuestario.

Fuente: Las provincias

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