Francisco Camps y Rita Barberá “ordenaron que se beneficiase a Nóos”

La Fiscalía Anticorrupción ha sido rotunda en su escrito al TSJ valenciano sobre las supuestas irregularidades que rodearon la concesión de contratos al instituto de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, para la organización de tres ediciones de los Valencia Summit, congresos sobre eventos deportivos. Las administraciones públicas locales pagaron más de tres millones de euros de dinero público a Urdangarin a través de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) y de la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB).

Existen indicios racionales, según el ministerio fiscal, de que entre 2003 y 2004 los responsables de Nóos se reunieron con el presidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá. Los dos políticos dieron el visto bueno al proyecto que les presentó Nóos y acordaron verbalmente con ellos llevarlo a cabo. “Ordenaron que se beneficiase a Nóos”, considera la fiscalía.

Sobre el modo, la fiscalía concluye: “Ni en Cacsa ni en TVCB se abrió procedimiento de contratación, ni se investigó ni documentó la experiencia y solvencia del instituto, ni se cotejaron los precios de mercado, ni se solicitó informe jurídico de legalidad de la contratación ni el procedimiento elegido”. El juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, que investiga el caso Nóos, atribuyó a Camps y Barberá los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad en documentos oficiales.

La fiscalía apunta también en dirección a los dos políticos. “Los representantes políticos antes aludidos y los representantes del Instituto Nóos se concertaron para eludir dolorosamente la aplicación de la ley de contratos públicos y beneficiar de forma fraudulenta a Nóos”.

El informe es demoledor. Subraya el precio “totalmente desproporcionado” para lo que supone el servicio a realizar de Nóos y destaca además que no se exigía la justificación del destino de las cantidades abonadas a Urdangarin. “No hay en el expediente una sola factura o documento que acredite que el instituto ha destinado los 1.044.000 euros que recibió” a realizar el objeto del convenio, recoge.

Además, el ministerio público expone que el primer convenio entre Cacsa y TVCB lleva una fecha ficticia, pues en realidad se firmó el 17 y no el 8 de septiembre de 2004. Y se ignoraron todos los controles administrativos que exige la ley.

Fuente: El País

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