La lamentable privatización de la asistencia a cancer en España

Aunque cáncer ya no es sinónimo de muerte, aún es la 2ª causa de muerte en España y un problema de salud prioritario, que provoca gran preocupación y sufrimiento en la población.

La Sociedad de Oncología Médica (SEOM) ha estimado un aumento de un 11% en la incidencia de cáncer en España entre 2006 y 2012, y aunque en parte este incremento está en relación con el envejecimiento de la población, existen otros factores relevantes para explicar este hecho. Por un lado, el empeoramiento de los hábitos de vida, causantes del 50% de los cánceres según la OMS y por otro la generalización de la prevención secundaria (cribados poblacionales) para el diagnóstico precoz del cáncer, centrado en los resultados de análisis biológicos o de técnicas avanzadas, que permiten la identificación de lesiones precancerosas o cánceres en estadios iniciales que requerirán tratamientos muy intensivos y muy costosos, a pesar de que muchos de estos nunca se convertirían en enfermedades invasivas ni provocarían la muerte de los pacientes.

Este hecho no es baladí, ya que la población percibe que cada vez un mayor número de personas de su entorno padecen cáncer, lo que incrementa su angustia vital y su dependencia del sistema sanitario y disminuye su calidad de vida. Además, los tratamientos innecesarios dan lugar en muchas ocasiones a graves efectos, secundarios especialmente rechazables porque hubieran podido evitarse, que darán lugar, a su vez, a más intervenciones sanitarias y, en una especie de círculo vicioso, a más efectos adversos.

Estos tratamientos se realizan cada vez más intensamente en los últimos meses de vida, con fármacos cada vez más caros y los cribados poblacionales son muy costosos, ya que incluyen a millones de personas y se llevan a cabo a espaldas de la Atención Primaria y en muchas ocasiones a espaldas de los servicios de salud, lo que facilita su privatización.

Por otra parte, la modificación de la redacción del Estatuto Marco aprobada por el Ministerio de Mato, sin debate profesional ni sindical previo y en pleno verano, con el acuerdo de los cinco representantes del autodenominado “Foro de la Profesión Médica” algunos de ellos claramente vinculados a la sanidad privada, representa un cambio de gran envergadura, ya que permite fragmentar la gestión clínica e introducir la lógica del mercado en el “corazón” del SNS, con la creación de microempresas con personalidad jurídica propia, que competirán entre si. La “libertad” de elección les permitirá rechazar a los pacientes más graves y costosos y atraer a los pacientes rentables a base de publicidad. A todo el personal del sistema público que “pretenda” participar en la atención a los pacientes con cáncer se le exigirá pasar al régimen laboral, lo que no solo reducirá sus derechos sino también su independencia científica, hurtando de la atención al cáncer la escasa transparencia que le quedaba.


Esta contrarreforma se produce porque se ha permitido que las empresas sanitarias, la banca y las constructoras se infiltren en todos los ámbitos de decisión gubernamentales, organismos profesionales y foros de pacientes, que se han reconvertido en grupos de presión para influir en la docencia, la asistencia y la investigación y agenciarse este gran “nicho de negocio” que representa para ellos el manejo del cáncer en nuestro SNS. De esta forma:

-Los institutos oncológicos de todas las CCAA son de gestión privada o propiedad de fondos de inversión con sede en paraísos fiscales, participados por multinacionales farmacéuticas, bancos y empresas constructoras, y concertados con los servicios públicos de salud. Pertenecen al grupo oncológico IMO, cuyo mayor accionista es el fondo de capital riesgo Nazca III, a USP-Quirón, del fondo Doughty-Hanson, al fondo de inversión CVC-Capio, a HM Hospitales de Madrid, coaligado con el grupo estadounidense South Texas Accelerated Research Therapeutics (START) o a Bupa-Sanitas.

En la información sobre el centro de Cáncer de Cantabria podemos leer: Nuestro objeto social es el ejercicio de la profesión de la medicina, especialmente en el campo de los tratamientos oncológicos en general, además de la compra, venta, promoción, construcción, arrendamiento y explotación de todo tipo de inmuebles.

-El Instituto Oncológico de San Sebastián, referente para la detección y el tratamiento del cáncer en Euskadi está financiado al 85% con fondos públicos pero gestionado por la caja de ahorros Kutxa. El convenio expira este año. Los facultativos del centro rechazan la gestión privada y el parlamento vasco ha logrado, debido a la ausencia de algún parlamentario, aprobar el inicio de las negociaciones para integrarlo al sistema público, pero el Consejero de Sanidad no solo ha hecho caso omiso sino que ha prorrogado el convenio hasta 2018

-La historia clínica electrónica, que contiene los datos de salud de la población española, incluyendo los más sensibles, como los de los pacientes con cáncer, pertenece a la banca (Indra/Bankia y R/La Caixa) y a consultoras privadas (IBM/PWC), que disponen del enorme poder que supone el control de la información sanitaria, mientras los profesionales del sistema público carecen de herramientas para evaluar los datos de sus propios pacientes.

-En manos de las empresas privadas también está la investigación, incluyendo el control de los ensayos clínicos en fase I, que investigan los efectos de medicamentos que nunca han sido probados en humanos. Estos son el nicho de negocio esencial del centro oncológico del grupo HM-START. La valoración ética de estos ensayos los realiza un comité propio, por lo que su independencia está en cuestión.

En USA se ha observado que el incremento de la influencia de la industria privada sobre la agencia de evaluación del medicamento (FDA) ha conseguido acelerar de tal modo la aprobación de sus fármacos que se han disparado el número de medicamentos retirados del mercado por problemas de seguridad, tras causar miles de muertos. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de gestión privada, también ha logrado reducir a la tercera parte el plazo de tiempo para la aprobación de los ensayos clínicos, lo que le ha permitido doblar su facturación. Carecemos de información sobre los posibles efectos sobre la salud de los pacientes.

-Por otro lado, los programas de salud comunitaria para la prevención primaria del cáncer, considerados prioritarios por la OMS, que recomienda generalizarlos y evaluarlos antes de decidir la implantación de cualquier cribado poblacional, no interesan a la industria, que es la que toma las decisiones en el gobierno de Rajoy, gracias al descarado nombramiento de una ejecutiva de la Coca Cola, cuyos productos son causa de obesidad infantil, para presidir la Agencia de Seguridad Alimentaria y de una ejecutiva de Capio como directora de Salud Pública. Es además totalmente irresponsable la tibieza del gobierno de España con respecto a las declaraciones del presidente y consejero da sanidad madrileños, instando al cambio de la ley antitabaco para favorecer al magnate de eurovegas, aún sabiendo que el 50% de los fumadores morirán por una enfermedad relacionada y que la redución de estos dos, factores, obesidad y tabaquismo, disminuiría de forma drástica la incidencia de cáncer y los factores de riesgo cardiovascular, asegurando la sostenibilidad futura del SNS a través del incremento de la salud de la población.

-Esta profunda contrarreforma sanitaria requiere de apoyo logístico y documental, que el gobierno recibe de la fundación FAES y de las escuelas de negocio de la iglesia católica, y de profesionales vinculados en los cargos estratégicos. Así, la mayor parte de los profesionales que asesoran a Mato y los presidentes de las asociaciones científico-médicas están vinculados a la sanidad privada o a la industria farmacéutica y muchos Consejeros de Sanidad de los gobiernos autonómicos provienen directamente de dirigir la sanidad privada y volverán a ella cuando salgan del gobierno (Cataluña, Galicia, País vasco, Canarias, Castilla La Mancha…) Además, jefes de servicio, catedráticos de universidades públicas, participantes en la elaboración de guías clínicas y responsables de las agencias de evaluación de tecnologías han sido captados por la industria sanitaria privada. Estos profesionales “colaboradores” son los más demandados como asesores o participantes en congresos y foros y los más premiados por su “excelencia” en la gestión o en la investigación, mientras los profesionales independientes y dedicados en exclusiva al SNS están casi desaparecidos de los órganos de representación y de decisión. Por otra parte, los institutos oncológicos privados y los hospitales asociados son los que disponen de más certificaciones de calidad ISO, EFQM o TOP 20. Pero las empresas privadas de certificación pertenecen a la banca y a las consultoras vinculadas (IBM/PWC, IASIST) y el galardón carece de valor.

Los grupos de presión también tratan de apoderarse de los organismos que representan a los pacientes con cáncer. Así, la junta permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) está formada por 4 oncólogos que comparten mesa con otros 13 miembros entre los que se encuentran empresarios del sector de la alimentación, abogados de grandes despachos y una retahíla de banqueros, lo que convierte a la junta en un potente lobby. En relación con esto, la decisión por parte de la presidenta de la AECC de alquilar siete mamógrafos para el cribado madrileño del cáncer de mama a Capio, para 2013-2016, por 7 millones de euros, con un amplio margen de beneficio para el fondo de inversión, ha provocado la dimisión en bloque de los 11 miembros del consejo de la AECC de Madrid.

Tras las hipotecas, las preferentes, los rescates, los recortes, los copagos y la privatización de los hospitales, ahora la toca el turno a la atención de los pacientes con cáncer, que el gobierno ha sustraido al SNS y ha cedido a la iniciativa privada. El control de los Centros Oncológicos de las CCAA y de la Gestión Clínica del cáncer por parte de la industria, pasa a manos privadas la información, la docencia, los profesionales del sistema, la investigación sobre Biología molecular y los ensayos clínicos, colocando a la industria en una posición estratégica que difícilmente abandonará. Los clientes son los pacientes con cáncer, por lo que es muy probable que se incremente el sobrediagnósticio y sus consecuencias de sobretratamiento, efectos adversos y aumento del gasto innecesario, lo que incrementará los beneficios de la industria sanitaria, las constructoras y la banca a costa de la salud de la población española, que ahora más que nunca deberá organizarse para tratar de revertir una situación muy preocupante, la privatización del cáncer en España.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Septiembre de 2013

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