Exteriores instruye a los embajadores para defender la #leyMordaza en el extranjero

ministrosdeexteriores.jogEl ministerio asegura en un argumentario que “se trata de defender la democracia”

Malestar entre diplomáticos porque consideran que no es su tarea apoyar actuaciones políticas

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un documento reservado a los embajadores, en el que les ofrece argumentos para defender ante las instituciones internacionales el proyecto de ley de seguridad ciudadana.

 “La finalidad no es castigar más, sino castigar mejor, es decir, con mayores garantías” y “lo que la nueva ley pretende no es proteger a los políticos, sino proteger la democracia”.

Los actuales responsables de Exteriores han utilizado reiteradamente este sistema de argumentarios a las embajadas para defender actuaciones concretas del Gobierno. Lo hicieron con un documento extenso sobre el soberanismo de Cataluña y sobre las cifras de paro, entre otras. En este caso lo hacen sobre un texto legal controvertido que está en trámite, pendiente de modificaciones y que no ha llegado al Congreso

Esa situación ha provocado malestar entre diplomáticos que consideran que su misión no es explicar y defender actuaciones políticas del Gobierno. El anteproyecto ha sido criticado por el Consejo Fiscal en su informe preceptivo y hay una propuesta de informe muy crítico del Poder Judicial que, además, considera que incluye aspectos inconstitucionales.

El documento de Exteriores sobre la Ley de Seguridad Ciudadana está redactado en forma de preguntas que va contestando, siempre de forma positiva.

Presenta el anteproyecto como si fuera la contestación a un clamor social y habla de respuesta a “peticiones que muchos ciudadanos, asociaciones de comerciantes, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres, alcaldes, etcétera, han realizado durante años sobre temas que afectan al pleno disfrute de derechos y libertades, a la vida diaria de muchas familias y, en general, a la coexistencia pacífica en libertad y con el máximo respeto por la pluralidad, en contraposición con las actitudes antisociales, violentas y coercitivas”. Y concluye: “Es, por tanto, una iniciativa valiente”.

Más de 300 informes de política nacional

En los dos últimos años, el Ministerio de Exteriores ha remitido a las embajadas más de 300 notas, informes o argumentarios secretos sobre temas de actualidad. En palabras del ministro José Manuel García-Margallo, “los embajadores tienen que saber qué es lo que está pasando [en España], deben tener unas instrucciones precisas, porque están allí precisamente para explicarles a los Gobiernos extranjeros lo que estamos haciendo”. La ley de pensiones, la reforma laboral, la condena a Garzón o el reto soberanista catalán —sobre el que se elaboró un estudio de 200 páginas— son algunos de los temas sobre los que se ha instruido a los diplomáticos.

La diferencia es que la Ley de Seguridad Ciudadana aún no es norma —está pendiente de informe en el Consejo General del Poder Judicial— y que el tono del documento es abiertamente partidista y casi ofensivo hacia Gobiernos anteriores. Exteriores alega que es habitual informar de proyectos en trámite a las embajadas ante organizaciones multilaterales (la UE, la ONU o la OSCE) que se interesan por los mismos.

En diciembre, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ya mostró su “seria preocupación” por la ley Fernández; aunque no ha habido petición formal de información. Respecto al tono del texto, Exteriores sostiene que se limitó a distribuir una nota que le dio Interior y que no es la única información que tienen los embajadores.

El texto explica que la ley es consecuencia de haber sacado del nuevo Código Penal las faltas, para asegurar que “mejora el marco regulatorio legal”. Omite que esas conductas se sancionarán con faltas administrativas y sin intervención judicial como hasta ahora. Además, explica: “Las asociaciones de comerciantes del centro de Madrid nos han expresado su valoración positiva del anteproyecto. Durante años han sufrido el problema de la prostitución frente a centros educativos”. A lo que apostilla: “Han llegado a pensar que los Gobiernos anteriores preferían poner en peligro a los niños en vez de abordar un tema como éste”.

Exteriores niega en el documento que se restrinjan derechos y explica que solo se castigan “acciones que sean violentas, agresivas y coercitivas” que “se produzcan mientras se ejerza el derecho de manifestación, o que afecten a la seguridad ciudadana”. Omite que son mínimas las manifestaciones violentas y, según dijo el jueves el director general de la policía en el Senado, en 2013 solo hubo actuación policial en 23 de las 25.461 manifestaciones.

“Manifestarse con el rostro cubierto no se sanciona, lo que se sanciona es la alteración del orden público con el rostro cubierto para evitar la identificación”, añade el texto, que niega que se pretenda proteger a los políticos de las marchas y escraches. A continuación, añade que “lo que la nueva ley pretende no es proteger a los “políticos”, sino proteger la democracia: ‘El Parlamento es por excelencia el lugar donde reside la democracia y, con independencia de quiénes sean representantes electos, es un símbolo de libertad y una expresión de la riqueza democrática que se tardó siglos en lograr”.

También señala que no se pretende solo proteger a la policía y que se castigue la difusión de imágenes, pese a que estas hayan sido objeciones de diversas instancias al anteproyecto de ley. Sobre la prostitución dice que “simplemente trata de proteger otros derechos legales que prevalecen: la protección infantil y la seguridad viaria”. Pero niega que imponga multas desproporcionadas, como denuncia en su propuesta de informe el Poder Judicial.

Fuente: El País

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