“Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, estaba todo el día con Camps y la cúpula del PP

bigotes campsAlvarito estaba todo el día junto a Francisco Camps, Ricardo Costa, David Serra, y Adela Pedrosa”, ha declarado este miércoles ante el juez el exconsejero de la Generalitat Miguel Peralta. Con Alvarito se refería a Álvaro Pérez, El Bigotes, el cabecilla de la trama Gürtel en Valencia. Y sus inseparables acompañantes eran el entonces presidente valencianoy su cúpula en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Peralta, también exalcalde de Alcoi, ex secretario provincial del PP en Alicante y antiguo dirigente zaplanista, declaraba como testigo en la pieza separada sobre financiación ilegal del PP valenciano porque él fue coordinador de la campaña del PP en la provincia de Alicante para las elecciones autonómicas y locales del año 2007, una de las dos que presuntamente se nutrieron de forma irregular con dinero de empresas de la construcción.

El exconsejero ha señalado que Orange Market, la sucursal valenciana de Gürtel, solo pudo organizar actos electorales en aquellos municipios alicantinos controlados por el campismo. El poder de Camps en el PP regional encontraba únicamente por entonces obstáculo en Alicante, que continuaba siendo un feudo de los seguidores del anterior presidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.

La investigación ha desvelado que Orange Market, la empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, organizó actos en municipios como Teulada, Elche, Elda, Ibi y Villena. Ello se debió, ha deslizado Peralta, a que los dirigentes del partido en esos municipios estaban “alineados” con la dirección regional. Ésta estaba presidida por Camps, tuvo a Adela Pedrosa y a Ricardo Costa como números dos de manera consecutiva y a David Serra como vicesecretario de Organización.

Costa y Serra, antiguos ‘números dos y tres’ del PP valenciano están imputados por la financiación ilegal

Los cuatro, ha afirmado Peralta ante el juez “estaban todo el día juntos” con “Alvarito”, en una relación personal que iba más allá de lo profesional. Serra y Costa se cuentan entre los imputados en la causa por financiación ilegal.

El juez ha hecho notar a Peralta que la empresa de la trama Gürtel también organizó un acto electoral en la ciudad de Alicante. Peralta ha confirmado el pago de la factura por ese acto, y lo explicó alegando que la dirección provincial del PP alicantino, dirigida entonces por el referente zaplanista y presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, imputado por su parte en el caso Brugal, quiso evitar en ese caso un enfrentamiento con la dirección regional, que dejaba la organización de todos los actos en manos de Álvaro Pérez. “Era conocido por todos que era quien llevaba la campaña de Camps”, ha añadido Peralta.

Peralta ha explicado que, con el partido dividido entre zaplanistas y campistas, ni él ni las otras dos consejeras de adscripción zaplanista, Alicia de Miguel y Gema Amor, que formaron parte del primer Gobierno de Camps, estuvieron en el círculo de confianza del líder popular.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga el caso Gürtel, interrogó también a la que fuera secretaria de Alfonso Bataller, alcalde de Castellón, que está imputado en la causa por adjudicar contratos presuntamente a dedo a las empresas de la red desde la Consejería de Sanidad.

Una secretaria asegura que el alcalde de Castellón se reunió con Álvaro Pérez

La secretaria ha afirmado que Bataller se reunió en alguna ocasión con El Bigotes, aunque con quien más relación mantuvo fue con su asesora.

El alcalde de Castellón está imputado en la pieza del caso Gürtel que investiga el supuesto fraccionamiento de contratos por parte de casi todas las consejerías de la Generalitat valenciana, así como de empresas públicas, para poder concedérselos a Orange market y otras empresas del grupo de Francisco Correa sin competencia.

La trama empezó en Valencia dedicándose únicamente a organizar actos del partido. Progresivamente fue consiguiendo, sin embargo, trabajar también para el Gobierno autonómico, del que consiguió adjudicaciones por varios millones de euros.

Fuente: El País