La Generalitat de Valencia subvenciona que organizaciones neo-nazis se ocupen de menores en riesgo de exclusión

Pedro Costa, Lofer, encargó el 30 de junio de 2005 cuatro cajas de munición del calibre 22 a un camarada de su banda neonazi Frente Antisistema (FAS), según la Guardia Civil.

Nueve años después, Lofer se sentaba esta semana en el banquillo de la Audiencia de Valencia junto a otros 17 militantes de FAS. Se le considera el contable y miembro de la cúpula de la organización ultra, la denominada Junta de Mandos.

españa200El neonazi, de 34 años, ha dirigido hasta hace una semana un centro privado en Valencia que atiende a seis jóvenes de entre nueve y 17 años en riesgo de exclusión. Los menores están tutelados por la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. La institución sin ánimo de lucro tiene siete trabajadores y el pasado año se benefició de una subvención conjunta de 19 millones de euros que la administración de Alberto Fabra otorgó a una veintena de entidades. Lofer aterrizó en la asociación en 2008, cuando ya llevaba tres años imputado en el caso Panzer que investigó las entrañas de FAS.

La gerencia del centro descubrió el pasado ultra de su director tras ver su foto en un semanario en febrero de 2013 pero no le despidió por “carecer de fondos”, según una fuente. El organismo encadenaba entonces cuatro meses de impagos de la Generalitat (ahora lleva tres). Y Lofer se ganó el favor de sus jefes tras erigirse en portavoz ante la administración de la reclamación de la deuda. “En lo profesional se ha portado de forma excelente”, admite un compañero que también le define de “astuto y manipulador”.

La Generalitat Valenciana se desmarca de la contratación. “Velamos para que se preste el servicio. No gestionamos las relaciones laborales de los centros”, precisa una portavoz de la Consejería que dirige Asunción Sánchez, del PP.

La Fiscalía solicita para Lofer tres años de prisión por asociación ilícita y tenencia prohibida de armas. La Guardia Civil incautó en su casa de la calle Jesús de Valencia un bolígrafo pistola, una escopeta, una navaja con una esvástica en el puño y una defensa eléctrica Power 200. También, vídeos y propaganda del genocidio alemán.

 La conexion con AN y España 2000

“Se confirma la vinculación entre FAS y Alianza para la Unidad Nacional (AUN)”. La Guardia Civil conecta a los neonazis del caso Panzer con el partido refundado bajo la marca Alianza Nacional (AN) por el abogado Pedro Pablo Peña.

El instituto armado concluye esta tesis tras analizar una conversación entre Peña, admirador confeso de Adolf Hitler, y dos de los acusados de pertenecer a la banda neonazi de Valencia. “Lo primero que ves en el local es un cartel que pone AN. (…) La gente sabe que es lo mismo”, recoge este pinchazo telefónico inédido grabado en julio de 2005. La investigación del caso Panzer apunta a una “línea estratégica común” entre ambas formaciones neofascistas. Inauguraciones, pegada de carteles, manifestaciones.

Pero no es la única relación. El alquiler del cuartel general de FAS figuraba a nombre del candidato al Congreso por Valencia en 2008 de AN, Juan Manuel Soria. El local de la Avenida Tres Cruces de Valencia acogió conferencias del antiguo miembro del Ku Klux Klan David Duke y del librero nazi condenado por un delito de difusión de ideas genocidas Pedro Varela. En 2009 el bajo se convirtió en sede del partido Movimiento Social Republicano (MSR). Una formación admiradora del oficial belga de las Waffen SS León Degrelle.

Los téntáculos de FAS también alcanzaban a los ultras de España 2000 (cinco concejales). Su edil en Silla (Valencia, 19.213 habitantes) Alejandro Serrador, El Silla, es el único de los 18 acusados que esta semana no ocultaba su cara a la prensa. En el banquillo le acompañaba Sandra Rentero, que encabezó la lista al Congreso por Guadalajara en 2008 de esta formación que dice tener conexiones con el Frente Nacional de Marine Le Pen. Los neonazis valencianos se enfrentan a penas que suman 50 años de cárcel. El caso ha quedado visto para sentencia esta semana.

FAS propagaba por la red su fervor al Tercer Reich, negaba el Holocausto y se financiaba con la venta de armas. Dos militares, un atleta paralímpico que compitió en Pekín en 2008, un concejal del partido ultra España 2000 y un escalador integraban parte del “ejército”. Su lema: La traición se paga con la muerte. Y su ideología fue definida por los investigadores tras analizar decenas de documentos como “próxima al terrorismo”.

La Fiscalía y la acusación popular que ejerce una plataforma de ocho asociaciones pilotada por el Movimiento contra la Intolerancia han centrado su estrategia en los registros y en decenas de horas de pinchazos telefónicos.

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