La Marchas de la Dignidad exigen que se castigue a los corruptos de forma ejemplar

Juicio y castigo para los corruptos. Y el castigo que sea ejemplar. Fue una de las peticiones que este sábado centró la Marcha por la Dignidad y que se sumó a las habituales reivindicaciones de más políticas sociales y a las críticas por los recortes de los derechos sociales.

Las tres columnas, salidas de Alicante, Castellón y Buñol, recorrieron andando el camino hasta llegar al mediodía a la plaza de Patraix, un barrio popular de Valencia. Al final se concentraron unos centenares de personas, muchas de ellas participaron también en la manifestación de la tarde, que trascurrió hasta la plaza de plaza de la Virgen bajo el lema Pan, trabajo, techo y dignidad. Según la Policía Local, se congregaron unas 5.000 personas; según la organización, unas 10.000.

Juanjo Morales, jubilado, partió de Castellón el pasado 10 de noviembre. Por el camino, pasó con su columna momentos duros por la lluvia y porque no encontraron ayuda de algunos ayuntamientos, como el de La Vall d’Uxó o el de Puçol, precisamente cuando más lo necesitaban. “Han sido impresentables”, dice este integrante del colectivo iaioflauta de Castellón. Por el contrario, ayuntamientos como los de Sagunto o Meliana atendieron a los caminantes reivindicativos, cuyo número fluctuó a lo largo del trayecto. Lo que no falló fue la colaboración de diferentes colectivos locales e incluso algunos partidos que cedieron sus locales, como Esquerra Unida de La Vall d’Uxó

Estas acciones se enmarcan en la programación de movilizaciones de las Marchas por la Dignidad durante este mes para señalar a los responsables de la crisis y la corrupción y exigir “un castigo ejemplar” y que devuelvan el dinero, según la organización. Son numerosos los colectivos y los partidos que se suman a la Marcha por la Dignidad.

Las reivindicaciones se centran en trabajo y renta básica y vivienda digna para todos, y apuestan por un cambio de políticas por otras al servicio de la mayoría de la población que está sufriendo los efectos de “las políticas antisociales” de los gobiernos central y autonómico.

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