En España hay 1.378 políticos imputados por corrupción, pero solo 87 están presos

Este miércoles se ha conocido que la sustituta de la jueza Alaya, María Núñez Bolaños, ha rechazado el recurso del PP-A contra su decisión de archivar la pieza ‘política’ de los cursos de formación y ha acusado tanto a la propia magistrada como a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de elaborar “teorías sobre conspiración y tramas delictivas” que han sido “avaladas” por el PP-A. De este modo, no ha admitido a trámite el recurso del PP sobre el archivo del denominado ‘Caso Cursos de Formación’, por lo que casi una treintena de políticos y sindicalistas no se sentarán en el banquillo.

En los últimos años, la corrupción ha desatado tremendos escándalos en los círculos del poder político. Pero muy pocas personas cumplen condena, tras centenares de denuncias. En concreto, los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 responsables públicos implicados en un total de 166 casos entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero solo 87 están presos: 82 cumplen condena efectiva en la cárcel y otros cinco se encuentran con prisión preventiva.

La inmensa mayoría de los condenados no están en la actualidad en prisión, ya sea porque se les impuso una pena que no les obligaba a ingresar, porque únicamente fueron inhabilitados o multados o porque aún tienen recursos judiciales pendientes.En total, los condenados por corrupción son casi 400.

En concreto, en los 166 procedimientos por delitos de corrupción abiertos en el mencionado período, finalmente terminaron en sentencia 99 y, de ellos, el 72,7% incluyeron condenas para algunos de los implicados. En total, 399 personas fueron condenadas por delitos de corrupción.

Hay personas que están en prisión preventiva porque aún no han sido juzgados, como Luis Bárcenas. Y otros (los menos) como Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, que se encuentra hoy en libertad, por motivos humanitarios, pese a haber sido condenados y cumplido parte de su pena en la cárcel.

Si bien los políticos con causas abiertas por corrupción sobrepasan holgadamente el millar, como quedó dicho, en la actualidad existen más de 17.000 cargos públicos aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios y disponen de un privilegiado blindaje que, a menudo, les libra de las pesquisas judiciales. Ese es otro de los grandes motivos por los cuales hay tanta escasa población carcelaria política.

El Consejo General del Poder Judicial computaba, en abril de 2013, 2.173 casos clasificados como “complejos”. De ese total, 1.661 estaban relacionados con casos de corrupción o de delitos económicos, en el que se aparecen involucradas personas insertadas en el andamiaje o estructura de los partidos políticos.

El primer archivo de datos de procedimientos judiciales por delitos relacionados con la corrupción, actualizado en el último trimestre del pasado año, especifica que los procesados, imputados y/o condenados en las 166 causas son funcionarios públicos, gobernantes y políticos con responsabilidades públicas. “Todos ellos actuaron de manera ilegal con dinero público, en su mayoría implicándose en corrupción política o administrativa mediante delitos como prevaricación administrativa o urbanística o malversación”, destaca el informe.

El CGPJ también aclara que entre los otros delitos por el que estas personas están con causas judiciales abiertas también se encuentran la infidelidad en la custodia de documentos públicos, violación de secretos, cohecho o tráfico de influencias, fraudes o abusos o negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.

En cuanto al mapa de la corrupción por regiones, Cataluña registró el doble de responsables públicos procesados por delitos de corrupción que Andalucía o Madrid desde julio de 2015 a septiembre de 2016.

Andalucía, con 153 aperturas de juicio oral o procesamientos a responsables públicos por delitos como cohecho, prevaricación o malversación; y Madrid, con 145, registraron la mitad de encausados que Cataluña, con 303, en el citado período.

El citado archivo apunta los datos señalados y también cómo Canarias o Cantabria encabezan la lista de responsables públicos procesados por corrupción en términos relativos, ya que aportan 105 y 100 personas, respectivamente, a la lista. Valencia y Asturias, por su lado, aportan 51 y 68 cargos encausados, respectivamente. El final de la lista está protagonizado por Navarra (0); Murcia (4); Extremadura (5); o Aragón (7).

En 2014, según datos del CGPJ, por Comunidades, en Galicia había 157 políticos imputados por corrupción y 8 condenados. En Asturias, 38, y 3; respectivamente; en Castilla y León, 10 imputados y 4 condenados; en Cantabria, 1 condenado; en Cataluña, 178 imputados y 20 condenados; en Aragón, 53 imputados y 1 condenado; en Extremadura, 7 condenados; en Andalucía, 383 imputados y 56 condenados; en Murcia, 80 imputados y 17 condenados; en Valencia, 110 imputados y 10 condenados.

Fuente: La información

Abril 16, 2017