El alcalde del PP que negó el Holocausto nazi, imputado por ilegalidades en un contrato de adjudicación

El alcalde de Crevillent (Alicante), César Augusto Asencio Adsuar, del Partido Popular ha sido imputado por delitos de prevaricación administrativa, contra el medio ambiente, y de exacciones ilegales. Lleva como regidor del municipio desde 1995 y ha protagonizado importantes polémicas. Hace dos años Compromís exigió su dimisión por hacer, en un artículo redactado en 1979, apología del nazismo, negar el holocausto y tachar de mito los campos de concentración.

Quien hace dos años en un vídeo del PP de Crevillent con jóvenes presumía de no haber tenido nunca un caso de corrupción, tendrá que ir a declarar el próximo 22 de diciembre en relación a la contratación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Elche ha admitido a trámite la querella presentada por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción contra el también vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Alicante y la mercantil ABORNASA S.A.

Presuntas irregularidades

Se le atribuyen a Asencio presuntas irregularidades en la contratación de ese servicio, que se adjudicó en 1997 a Abonos Orgánicos Nacionales S.A. La concesión “adoleció de importantes deficiencias legales que, por su carácter esencial, vienen a configurarse en vicios de nulidad” subraya la acusación.

El contrato, pese a tener  una duración de un año, permaneció en vigor ininterrumpidamente desde su firma hasta octubre de 2013, fecha el primer edil, debido a las presiones recibidas, trató de “legalizar” la cuestión del tratamiento de residuos con una nueva adjudicación del servicio a la medida de la empresa. “Era imposible que concurriera otra, pues entre las condiciones se establecía que tenía que estar en un radio tan exiguo, que solo podía ser ABONARSA”, explica a este medio el letrado José Antonio Espinosa. La nueva adjudicación fue declarada nula por la sentencia dictada el 15 de septiembre de 2015 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Elche.

El contrato originario, por tanto, se ha ido ampliando y modificando, “para otorgar más servicios y más facturación a la empresa” (sin formalizar nuevo contrato ni permitir concurrencia de otras compañías). De este modo, el Ayuntamiento de Crevillent ha estado liquidando a la empresa, durante años y años, facturas de elevadísima cuantía por la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos sin saber cuáles son las condiciones técnicas de los servicios prestados y dejando que fuese la propia empresa la que fijar

Por otro lado, la planta de tratamiento de residuos propiedad de Abornasa se encuentra situada dentro del Parque Natural El Fondo de Elche- Crevillent y la parcela en la que se inscribe está clasificada como Suelo No Urbanizable Protegido del sistema de Zonas Húmedas de Alicante, una de las áreas de mayor valor ambiental y paisajístico de la Comunidad Valenciana y de todo el Mediterráneo occidental.

Fernando Urruticoechea, el interventor acosado

Por sus infomes contrarios, el entonces interventor del Ayuntamiento, Fernando Urruticoechea, sufrió un auténtico calvario, que no terminó con su cambio de destino. Emitió numerosas ‘notas de objeción’ con respecto al contrato, que no solo fueron desoídas, sino que le valieron una “persecución”.

Ahora se le cita como testigo, de manera que tendrá la oportunidad, en sede judicial, “de hacer saber de primera mano todo aquello de lo que informó y por lo que fue despreciado”, destacan desde el Observatorio.

Una carrera de obstáculos

Esta agrupación asegura a ELPLURAL.COM “sentirse muy satisfecha”, ya que , para llegar hasta aquí, “hemos tenido que sortear toda una carrera de obstáculos”. La organización tuvo que hacer frente a que el Fiscal quisiera archivar la causa, a que se retiraran quienes primero denunciaron los hechos -el grupo municipal de Esquerra en Crevillent- por no poder pagar la fianza, y a la ardua tarea de conseguir fondos para pagar los 4.000 euros que costaba mantener la acusación. “Es una cantidad muy elevada para una acusación popular”, confiesa a este medio el portavoz del OCC, Luis Miguel Lorente.

“Que quieran acabar con la acusación popular es una auténtica tropelía, ya que es la única manera de que podamos salirnos de un sistema, muchas veces gangrenado, y sentar en el banquillo a determinadas personas, lo que es dificilísimo”, detalla Lorente.

El apoyo de los socios, los simpatizantes, y otras asociaciones, como Acción Cívica, hicieron posible hacer frente al pago. Ahora, “necesitamos la capacidad de defender la querella, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una persona con capacidad para tener los mejores gabinetes, incluídos los del propio Ayuntamiento”, resalta el portavoz del Observatorio.

Confían en “que se haga justicia” y en que “quede constancia de que el voto o nombramiento para ocupar un cargo de responsabilidad no es un cheque en blanco para cometer presuntas irregularidades en contra del bien común”.

noviembre 25, 2017