De cómo un magistrado reconoce (sin sonrojarse) seguir la estrategia política del Gobierno

Las órdenes de detención internacional sirven para que los delincuentes huidos al extranjero sean puestos a disposición judicial. Se persigue así iniciar con todas las garantías el proceso penal y llevarlo a su justa culminación: una sentencia que absuelva o condene al imputado. Esos son los fines de la Justicia, y los únicos que puede tener en cuenta un juez independiente.

Leyendo el Auto por el que se desestima acordar la orden de detención contra Puigdemont (puede consultarse aquí www.antena3.com/documents/2018/01/22/CBB7F8EF-7E5C-41B0-B861-386839650 ) vemos que el juez la rechaza porque, si se le detiene, podría delegar el voto e incluso presentarse como candidato a President. Y lo escribe sin sonrojarse.


A Puigdemont se le han imputado delitos terribles, por lo que es deber del juez detenerle en cuanto surja la posibilidad, sin que un escenario político indeseado por el Gobierno pueda ser óbice para que cumpla su obligación. Sin embargo, el magistrado del Supremo nos dice que:

Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero, busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta (…) Es pues evidente que los instrumentos de privación de libertad, que la Constitución Española y ordenamiento jurídico habilitan para la mayor eficacia del orden legal, no pueden desplegarse para facilitar su transgresión y ruptura. Y la remota posibilidad de que el desplazamiento del investigado no responda a lo que se ha expuesto, sino a una exclusiva inquietud académica, no hace razonable que no se contemple la posibilidad que se expresa, obligando a posponer la orden de detención

Con todo el morro. El magistrado tiene la oportunidad de detener a un peligrosísimo delincuente pero, como eso puede provocar que el Parlament acabe votando a un candidato que no gusta a Rajoy, le dejamos escapar. Después de esto, hablar de independencia judicial es más ridículo que nunca.

En el fondo, éste es el último eslabón de una cadena de despropósitos. Imputación de rebelión sin que haya habido violencia alguna, prisiones provisionales más estrictas que las de los etarras sin que exista riesgo de fuga o destrucción de pruebas…el denominador es el mismo: instrumentalización de la Justicia para satisfacer los fines del Gobierno. Por eso siempre he dicho que Junqueras es un preso político. No está en la cárcel por sus ideas, sino porque, políticamente, conviene tenerlo preso para atemorizar al resto de independentistas y que no se salgan del tiesto. Es un preso encarcelado por razones político-estratégicas. Y Puigdemont sigue libre por las mismas razones. Al menos el Tribunal Supremo hoy se ha dignado a reconocerlo.


Fuente:meneame