Un chivatazo destapa más pruebas de la financiación irregular del PP de Valencia

El juez de ‘Taula’ crea una nueva pieza separada e impone el secreto tras recibir un anónimo con datos sobre los fondos de las campañas de Barberá


Los hechos apuntan al uso de dinero público para saldar facturas electorales

Otro mensaje anónimo con información sensible sobre las campañas del PP en Valencia ciudad ha dado un nuevo giro a la investigación sobre la presunta financiación irregular de las candidaturas de Rita Barberá a la Alcaldía entre los años 2007 y 2015El magistrado-instructor que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, el juez Víctor Gómez, ha acordado la formación de una pieza secreta vinculada a la presunta caja B del grupo municipal popular tras «admitir el escrito anónimo recibido» en el juzgado, según consta en una diligencia notificada este lunes a las partes.


El juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha impuesto el secreto de sumario para evitar la destrucción de pruebas y acordar una serie de diligencias encaminadas a comprobar la veracidad del escrito. Según confirmaron ayer fuentes conocedoras de la investigación, se trata de un anónimo extenso, aparentemente solvente, que incluye datos sobre el origen de los fondos de las campañas que únicamente podrían ser conocidos por funcionarios, dirigentes del PP o personas vinculadas a Barberá.

Al parecer, los hechos descritos estarían relacionados con la Fundación Turismo Valencia, un ente del Ayuntamiento de Valencia que aparece como donante en la campaña del año 2007.

Los dos últimos cargos del PP que estuvieron al frente de este organismo son el ex vicealcalde Alfonso Grau, a quien la Guardia Civil le atribuye el papel de centinela de la caja B, y el concejal Cristóbal Grau, quien asumió las competencias durante unos meses de 2015.En el procedimiento ya figura un informe que recoge que la Fundación Turismo Valencia ordenó en abril de 2015, un mes antes de las elecciones, la compra de dos máquinas destructoras de papel y llevó a cabo «una actividad intensa de triturado de documentación» tras contratar a una empresa especializada en esta materia.Además, otro informe incorporado a la causa apunta a que Turismo Valencia eludió la ley en sus contratos con Laterne, la empresa de comunicación que organizó la campaña de las elecciones municipales de 2007.

En concreto, los contratos de la Fundación con esta empresa ascienden a 616.00 euros entre 2006 y 2008 (531.034 más IVA). El concepto que aparece en las siete facturas emitidas por Laterne es genérico y únicamente se menciona «Proyección Turística Pla».Sobre estos contratos, el subdirector de Marketing y actual adjunto a dirección de la fundación; el jefe de área de Promociones y actual responsable del área Comercial; la subdirectora de Administración, adjunta ahora a subdirección; la jefa de Contabilidad y la jefa jurídica aseguraron que no se les pidió participación o no la recordaban.


Asimismo, señalaron que las órdenes de pago de las facturas procedían deJosé Salinas o la subdirectora de Administración y que se efectuaban los pagos cuando llegaban los recibos. El juzgado tiene seis meses por delante para investigar los nuevos indicios y valorar si suma esta pieza a la del delito electoral y blanqueo de capitales en la campaña de 2015.

mayo 3, 2018