Un jefe de redes de Cs trabajó en negro tres años para el partido mientras cobraba la baja de la Seguridad Social

rabajar para Ciudadanos y cobrar del erario público durante largos periodos intercalados desde el año 2015. El responsable nacional de activismo digital de Ciudadanos, el encargado de coordinar a todos los community manager del partido en los territorios, ha diseñado estrategias y organizado campañas digitales para la formación de Albert Rivera mientras cobraba de la Seguridad Social por estar de baja médica. Los responsables de esta situación, cargos nombrados directamente por la Ejecutiva de Cs, tenían conocimiento de ello y permitieron que el responsable digital siguiera trabajando, ahorrándose su salario y sin contratar a nadie para suplir su puesto, pese a que la obligación de la empresa en estos casos es informar a la Seguridad Social para tramitar el alta.


El trabajador, al que citaremos por sus siglas F.B., no sólo trabaja para Ciudadanos sino que también es empleado público en un hospital catalán, al que tampoco acude por Incapacidad Temporal. La prestación económica correspondiente por esta baja médica corre a cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social, que le sufraga los gastos generados a partir del cuarto día de baja. En este caso, pese a recibir su sueldo a cargo del tesoro público, el responsable de activismo continuaba su labor desde su vivienda, manteniendo comunicaciones profesionales diarias con sus superiores, que estaban informados de la situación de baja médica y daban el visto bueno. El trabajo desde el domicilio también prevenía al partido frente a las posibles inspección de Trabajo que pudieran detectar el fraude.

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En los grupos organizados por la cúpula comunicativa de Ciudadanos para diseñar campañas en redes, como el bautizado Comando Prim, el trabajador, F.B., es uno de los principales impulsores de campañas organizadas en red y camufladas como redes de activismo. En varios de los chats a los que El Independiente ha tenido acceso, el trabajador reconoce encontrarse de baja mientras continúa haciendo sus labores diarias. El jefe directamente superior, J.P., también reconoce a sus próximos que la situación de este trabajador puede suponer un problema para la formación. En todos estos grupos, en los que estaban también sus superiores, el trabajador se relaciona con total normalidad con el resto de sus compañeros, aunque llega a reconocer abiertamente su situación de baja laboral.

Tanto como el implicado, F.B. como su superior, J.P., son cargos de confianza nombrados directamente por al Secretaría de Comunicación de Ciudadanos ostentada por Fernando de Páramo, mano derecha de Albert Rivera. Lo establece claramente el Manual digital de Ciudadanos, al que ha tenido acceso este medio, que especifica que el cargo de Responsable Digital de Ciudadanos “es un cargo de confianza” y “depende directamente de la Secretaría de Comunicación de C’s”.


A la llamada de El Independiente, el interesado, F.B., ha reconocido su situación de baja laboral pero ha negado haber trabajado durante estos periodos. “No estaba trabajando”, afirmó este jueves, pese las evidencias que este medio tiene en su poder. Su responsable superior, J.P., declina atender la llamada de este diario.

Hasta seis años de cárcel
Con esta práctica, Ciudadanos estaría cometiendo una contratación en fraude tipificada en el artículo 307 el Código Penal al no informar a la Administración Pública de esta situación. Un delito que está tipificado para el partido de seis meses a tres años de prisión según el artículo 307 ter, que establece que “quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión”. En el caso del trabajador, podría enfrentarse de uno a cinco años de prisión si la cuantía defraudada supera los 50.000 euros o de dos a seis años la cantidad excede 120.000 euros.