La economía mágica de Vox

El domingo pasado nos acostamos con la sorpresa y el miedo en el cuerpo tras la entrada, tras casi 40 años fuera de las instituciones, de un partido político de extrema derecha en el Parlamento de Andalucía. Vox es una fuerza política que emana del ala derecha del Partido Popular, fundada en 2013. Mucho se ha escrito y debatido sobre su carácter político, enfrentándose los científicos sociales sobre si se trata de una fuerza de ultraderecha, fascista, populista, o nacionalista, y sobre las razones de su ascenso en Andalucía. No entraremos en esta columna en estas caracterizaciones ni tampoco en las razones de su aparición, sino que intentaremos centrarnos en su programa económico.

Así, atendiendo al programa electoral que se aprobó en su reciente encuentro en Vistalegre, Vox propone, entre otras, las siguientes medidas económicas: reducción y eliminación de impuestos, reducción de normativas reguladoras en industria y comercio, eliminación de instituciones públicas superfluas, reindustrialización de España, un plan energético nacional, liberalización del suelo y apoyo a las familias, empresas y autónomos.


El resultado de este programa es un menjunje de difícil aplicación y cuyos resultados, de ponerse en práctica, tendrían un impacto muy negativo en nuestra economía.

Vox es un partido neoliberal en lo referente a los impuestos y populista en lo referente al gasto. Las reducciones de impuestos que proponen -bajar el IRPF a un 20%, reducir el IVA y los impuestos de sociedades o eliminar impuestos sobre la vivienda-, son notorias, y no tienen equivalente en el lado de los gastos, pues VOX se basa, para cuadrar las cuentas, en la eliminación de las instituciones “superfluas”, tales como Comunidades Autónomas, Diputaciones o El defensor del pueblo (sic.). Sin embargo, la eliminación de estas estructuras tendría un efecto muy reducido.
El coste en alta dirección de las Comunidades Autónomas, según la fundación Civio, son 747 millones de euros, esto es, un 0,06% del PIB, o, en otras palabras, poco más que el pago de dos días de pensiones de jubilación en España. Si a esta cifra le sumamos el ahorro previsto de 600 millones de euros por la reducción de las diputaciones, o el producido por las televisiones públicas -1800 millones, en la estimación más alta que se puede encontrar- y sumamos también los 15 millones de euros que cuestan mantener la institución del Defensor del Pueblo, tenemos una suma total de 3154 millones de euros de ahorro, menos del 0,3% del PIB. No tenemos una estimación exacta de los efectos de la bajada del IRPF que plantea Vox, pero sólo la eliminación del impuesto de sucesiones ya supondría un descenso de 2600 millones de euros en los ingresos públicos, y la última rebaja del IRPF, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, mucho más limitada que la prevista por Vox, supuso un coste de más de 7.000 millones de euros. Todo ello sin hablar de las numerosas rebajas previstas en las cotizaciones de una Seguridad Social que en estos momentos ya cuenta con un abultado déficit. En otras palabras, las cuentas fiscales de Vox no cuadran, y la puesta en marcha de su programa supondría un incremento bastante notable del déficit y la deuda pública, amenazando nuestra pertenencia a la Eurozona.

El despropósito no acaba aquí, sino que continúa en su política de mercados. Vox reclama la eliminación de regulaciones en materia de comercio e industria al mismo tiempo que propone la reindustrialización del país, para lo que señalan la necesidad de que el sector público contrate preferentemente con empresas nacionales. Se olvida el programa de Vox de que gran parte de las regulaciones de comercio e industria no son de origen nacional, sino que provienen de la trasposición en España de directivas de la Unión Europea en materia de competencia, y que, por lo tanto, una buena parte de la misma sería imposible de derogar sin enfrentarse a fuertes sanciones por parte de la Comisión Europea, situación que se repite en materia de apoyo a la industria nacional, actividad que está fuertemente limitada por el derecho de la Unión Europea. De nuevo, las posiciones de Vox nos sacarían del Mercado Único.


Poco más encontramos en el programa económico de Vox: una referencia a un plan hidrológico nacional, la liberalización de todo el suelo no protegido y una vaga referencia a la autosuficiencia energética. Hasta aquí el planteamiento de una política económica de barra de bar, que en sentido estricto no llega a trumpista -no recoge, por ejemplo, ninguna crítica contra el comercio internacional- sino que se basa en todos los tópicos acumulados sobre las ineficiencias y duplicaciones del gasto público y las promesas de rebajas fiscales imposibles de cumplir.


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