La desobediencia civil ya ha empezado. Los dependientes, discapacitados y sus familiares emprenderán mañana una campaña de insumisión frente al nuevo copago que entró en vigor el mes pasado. Se negarán a abonar la factura que les pasen los centros de día, ocupacionales y residenciales, que son los encargados y están obligados a recaudar el dinero, tal y como ha fijado Bienestar Social.
Esta es una de las campañas, a través de la recogida de firmas, que se iniciará en la provincia contra un decreto que, según denuncian, lleva al empobrecimiento de uno de los colectivos más vulnerables. El sector está más unido que nunca y las entidades que les representan han convocado también una manifestación para mañana en Alicante que confían en que sea contundente. No van a cesar con las medidas de presión, a la espera de que el TSJ se pronuncie sobre los recursos que han presentado, lo único que negociarán con Bienestar Social será su derogación, -dicen que no tienen constancia de que en otras autonomías se esté aplicando-, y sobre los datos que ha aportado la administración minimizando su impacto, responden que el Consell «habla de cifras, nosotros de personas».
Representantes de la delegación del Cermi Alicante, de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia, y de Discapacidad en Marcha, apoyados por sindicatos y partidos políticos de la oposición, anunciaron ayer que a través de firmas los dependientes, discapacitados y sus familiares se declararán insumisos. Una campaña que difundirán por los centros y lanzarán a través de las redes sociales y que cuenta con el apoyo de responsables de estos servicios y de sus trabajadores, aunque en algunos centros ya han empezado a cobrar el primer mes del copago. Por ello, anunciaron que van a realizar un seguimiento y pedirán a quienes lo estén aplicando que se sumen a la iniciativa.
«Éste último decreto ha sido la puntilla al sector de la discapacidad y la dependencia que está totalmente hundido en la miseria; primero fue el copago farmacéutico y ortoprotésico, el retraso en la dependencia y ahora esto, que no es un copago, es un repago», denunció Miguel Ángel Consuegra, miembro de la delegación del Cermi en Alicante.
Consuegra citó algunos de los agravios que están sufriendo como son las «rebajas» en los grados de minusvalía y «sin ver» al afectado, el retraso en el pago del transporte y de becas de comedor a menores, cuando algunos de ellos están tutelados por el Consell.
Para Miquel Martorell, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en Alicante, el sector está padeciendo un «acoso y derribo» por parte de la Generalitat, que está, además, «saqueando los derechos» de uno de los colectivos más vulnerables.
Martorell aportó algunas cifras: más de 18.000 dependientes de la Comunitat están en el «limbo» -con el grado, pero sin recibir las ayudas-, los afectados con un grado moderado no entrarán en el sistema hasta 2015, aunque desde la plataforma se prevé que tardarán más años, y se calcula que más de 35.000 personas en la autonomía han podido fallecer sin llegar a recibir las prestación que solicitaron.
Por su parte, Lucía Blanco, trabajadora en el sector desde hace diez años, reconoció que ya se están registrando algunas bajas de usuarios que no pueden asumir el nuevo coste . «El centro está obligado a ir puerta por puerta para cobrar y la insumisión, con las firmas, es la manera de negarse a pagar», señaló Blanco, quien advirtió de que otra de las consecuencias del copago será el cierre de centros ocupacionales y de día y el despido de los trabajadores.
Los usuarios, que tienen once meses de servicio, deben asumir 14 pagas y Martorell puso el caso de un afectado de 50 años, que había llamado pidiendo ayuda porque con una pensión de 554,26 euros ahora tiene que desembolsar 691,18 (antes del copago eran 450 euros).
Fuente:LasProvincias