El presunto caso de cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales y financiación irregular del PP valenciano amenaza al partido y, por ende, a la formación del futuro Gobierno de España y el futuro político -y puede que procesal- de pesos pesados en el seno del propio PP. Este es el caso de la poderosa ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá sobre quien la UCO tiene fundadas sospechas de que conocía la organización del citado blanqueo a través de un grupo de constructoras pagadoras de ‘mordidas’
Rita Barberá, en contra de lo que ella misma declaró en una reciente entrevista radiofónica en la cadena COPE, podría haber tenido conocimiento constante y puntual sobre los procesos irregulares para conseguir fondos procedentes de comisiones ilegales por la concesión de contratos. Aso parecen pensar, al menos, los investigadores de la Operación Taula en laUCO que, según el diario El Mundo, contarían en su poder con lasdeclaraciones de varios testigos que relatan que la jefa del grupo municipal le informaba de los ingresos irregulares para su campaña
Al parecer, la Guardia Civil ya conoce algún caso de destacados miembros del grupo municipal ‘popular’ en el Ayuntamiento de Valencia que aportaron 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015. Las donaciones personales, legales, se retornaron en ‘B’, en forma de dos billetes de 500 euros que se tenían que blanquear sin levantar sospechas. Así lo confirman los últimos interrogatorios a miembros del anterior y actual equipo popular del PP de Valencia.
Las prisas entraron en 2015 cuando parecía cercano el final de la era popular en el consistorio valenciano. Entones había que lavar rápido mucho dinero en B que se había conseguido, presuntamente, durante años. Entonces, los miembros de la presunta trama habrían exigido el dinero con retorno a todo el personal que trabajaba en el grupo municipal. Necesitaban devolver al circuito legal la bolsa de dinero negro que los investigados habrían acumulado durante años. Fue entonces cuando se correo la voz entre el personal municipal: Había empresas comprometidas con esa labor desde hacíatiempo.
Y, al parecer, estas operaciones giraban en torno a Mari Carmen García Fuster, la ex secretaria del grupo municipal y persona de máxima confianza de la x alcaldesa Rita Barberá que actuaba como una especia de ‘cajera’, según describe El Mundo. La fiscalía pidió prisión para ella. Directamente. Aunque el juez rechazó la medida aunque en sus manos estaban las cuentas del grupo ‘popular’, las mismas desde donde salía el dinero para las campañas electorales de la alcaldesa.
TENÍAN UN ‘RANKING’ DE MORDIDAS
Esa máquina de lavar dinero procedente, presuntamente, de comisiones ilegales a cambio de algunas adjudicaciones recurría casi siempre a la s mismas empresas, según publica El País que cita fuentes de la investigación que ya saben que la red cobró al menos 600 ‘ardidas’ por obras en colegios una información que aflora porque varios cabecillas de la red, la mayoría cargos municipales y provinciales populares, tuvieron los teléfonos pinchados durante meses.
¿Cómo se sabe el contacto con estas empresas pagadoras? Marcos Benavent, el ex alto cargo que grabó a sus compañeros durante años y cuyas cintas fueron entregadas a la Fiscalía por Esquerra Unida dando pie a la investigación, era el ‘recaudador’ de la organización. Él lleva meses colaborando con el ministerio público y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Todo funcionaba como una especia de ‘puja’ para animar a pagar a los aspirantes a contratar con la Administración autonómica, provincial y local de Valencia. Y casi todas las empresas acababan aceptando.